El Presidente Humala anunció el 28 de julio que quiere combatir la corrupción en el sector público. Me parece excelente. Aplaudo hasta con las orejas que se combata dicho problema social, que mina la confianza de los particulares en el sistema público. La pregunta es ¿Cómo lo hará?
¿Con auditorias externas que verifiquen la productividad de los funcionarios –se sabe que los empleados más improductivos son los más propenso a recibir/solicitar “cariño” a los privados-? ¿Imponiendo sanciones disciplinarias efectivas –lo cual implicaría diseñar procedimientos abreviados, jueces imparciales que no deban favores, reducir los medios de impugnación, etc.-? ¿Fomentando una política de respeto y valorización de la res pública, a través de autoridades locales, colegios, iglesias, entre otros mecanismo de control social? Acaso con la nivelación de los sueldos de la administración pública al que gozan los gerentes de empresas privadas –evitando la cada vez más voraz “fuga de talentos” de lo público a lo privado-.
No, mi ilusión se chocó con la realidad. El presidente anunció en su mensaje a la nación una idea “salvadora”: la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. Es decir, la posibilidad de que durante toda tu existencia te persigan penalmente por un supuesto acto de corrupción.
Esta idea es errada por varias razones. Primero, desincentiva a los buenos profesionales a ingresar al sector público -¡¿quién en su sano juicio va a trabajar en un lugar donde por cualquier cosa te pueden denunciar y perseguir de por vida?!- Segundo, ¿el Estado tiene los medios logísticos y humanos suficientes para perseguir ad infinitum a una persona? Lo dudo. Si el Ministerio Público ni siquiera puede perseguir efectivamente delitos graves como el homicidio, robos o violaciones sexuales, ¿Qué nos garantiza que obtendrá buenos resultados en los delitos contra la administración pública? Tercero, el Derecho Penal no es la panacea, no se puede recurrir a él como primera instancia cada vez que se tiene un problema social; hay otros mecanismos previos de control que tiene el Estado para disuadir conductas –la familia, la educación, la religión, incluso el derecho administrativo es un mecanismo eficaz si se utiliza correctamente-.
Lanzar ideas efectistas para la tribuna -que le acarrearán aplausos, pero no resultados- no es responsable ni coherente en un Jefe de Estado. Señor Humala, tenga presente que usted es presidente, no candidato.
